OPINION

Por: Fernando Hinterholzer Diestel

LOS DESAPARECIDOS EN MEXICO Y LA ONU

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora cada 30 de agosto. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2010 para visibilizar esta grave violación a los derechos humanos, recordar a las personas ausentes y apoyar el dolor de sus familias. [1, 2, 3, 4]    Qué significa esta fecha

• Memoria y justicia: Honra a quienes sufrieron la privación de la libertad por agentes del Estado o grupos vinculados.
• Apoyo a los familiares: Reconoce la lucha de madres, padres e hijos que buscan la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.
• Llamado global: Exige a los gobiernos prevenir este delito, castigar a los culpables y atender la crisis de identificación humana. [1, 2, 3, 4, 5]

“Con la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada por la ONU, se marca un punto de no retorno para México. Este mecanismo de urgencia extrema expone una verdad devastadora: el Estado enfrenta indicios sólidos de que las desapariciones se practican de forma generalizada y sistemática. Llevar este expediente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas representa la constatación de que la crisis humanitaria ha rebasado por completo las capacidades institucionales nacionales”. La gravedad de la desaparición forzada radica en su naturaleza como herramienta de terror, cuyo origen histórico buscaba borrar identidades y eludir la justicia al ocultar el cuerpo del delito. Es un crimen continuado y permanente: se sigue cometiendo cada segundo en que la víctima permanece ausente.

En el contexto mexicano contemporáneo, las investigaciones independientes y los informes internacionales demuestran que no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la colusión y los vínculos de autoridades de distintos niveles con el crimen organizado, sumado a una omisión sistemática del Estado mexicano para buscar a las víctimas e investigar a los culpables. “Al volverse generalizados, el derecho internacional califica estos actos como crímenes de lesa humanidad y es clara consecuencia del gobierno de Morena que encabezó y heredó López Obrador”. La omisión se torna consentimiento. Evadiendo la terrible realidad, la narrativa oficial ha recurrido como siempre a la victimización soberanista, descalificando el informe bajo el argumento de que forma parte de una “ola de ultraderecha” coordinada desde el extranjero. El discurso gubernamental sostiene la tesis de una supuesta conspiración orquestada por Estados Unidos para minar los proyectos progresistas y forzar un viraje político de cara a los procesos electorales locales, proyectando este asedio desde los comicios intermedios de 2027 y hasta la contienda presidencial. El argumento de persecución ideológica cae por su propio peso al revisar la historia reciente. El escrutinio transnacional por violaciones graves a los derechos humanos no distingue banderas políticas ni responde a complots de derecha. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU radica en que es la primera vez en la historia que se activa el artículo 34 de la Convención. Este protocolo de emergencia extrema se reserva exclusivamente para escenarios donde la transgresión es masiva. El proceso alcanzará su punto crítico en octubre de 2026, cuando el pleno de la Asamblea General de la ONU inicie la discusión formal del caso. En ese foro internacional de carácter multilateral no se juzgará penalmente a individuos, sino que se expondrá al Estado mexicano ante la diplomacia global.

México vive desde hace unos años, una crisis inhumana que la administración de la 4T ha sido incapaz por decir lo menos, y en muchos casos reticentes a enfrentar con toda la fuerza del Estado. La desaparición de personas se convirtió en el rasgo más desgarrador de la crisis de seguridad del país, representa una crisis estructural marcada por la impunidad. “Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran una realidad devastadora que supera las 120 mil personas desaparecidas que siguen sin ser localizadas”. Lo más alarmante es que la cifra de desaparecidos es mayor durante los años de gobierno de López Obrador. Pero la tragedia no termina con la desaparición. La negligencia institucional que enfrentan las víctimas y sus familias revela otra dimensión del problema: el fracaso del sistema de atención a víctimas en México. La Ley General de Víctimas, aprobada hace más de una década, estableció la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de comisiones ejecutivas en los estados, a la Comisión le recortaron presupuesto y capacidad operativa ya hace varios años “y muchas comisiones estatales carecen de presupuesto suficiente, personal especializado o mecanismos eficaces de coordinación con fiscalías y comisiones de búsqueda”.

México no sólo enfrenta una crisis de desapariciones, enfrenta una crisis deverdad y de justicia. Durante los últimos años, lascifras oficiales han confirmado lo que las familiashan denunciado una y otra vez: las desapariciones no disminuyen, se acumulan. Alrededor de 62 mil personas desaparecidas durante la administración de AMLO, alrededor de 50 diarias en periodos recientes y sobretodo la impunidaddel 99% no podemos hablar de una falla marginal, es todo el sistema operando sin consecuencias. El informe de la ONG Causa en Común es devastador, “nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, documenta unaomisión sostenida del Estado frente a esta tragedia”. El Sistema Nacional de Búsqueda no se ha consolidado, las fiscalías carecen de capacidades forenses suficientes y miles de cuerpos permanecen sin identificar En el año 2025, en México se registraron más de 15 mil personas de las que “no se tiene rastro ni ubicación”. Esto significó un incremento de más del 10% respecto de 2024 y de 57.2% en comparación con 2019, el primer año de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La administración de la presidente Sheinbaum ha “presumido” de una mejor seguridad pública en el país, “tomando como indicador el número de personas asesinadas”, que ha ido en descenso desde que ese crimen alcanzó su pico en 2020. Sin embargo, poco han hablado sobre el tema de las desapariciones y cuando lo han hecho ha sido para desestimar la gravedad del problema o para reinterpretar a modo o incluso cuestionar las cifras que ellos mismos compilan, y es entendible, pues el número de personas ausentes no ha dejado de crecer en los últimos seis años. Nada que presumir. Y hace unos meses, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó llevar a su Asamblea General, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones que se viven en México, “para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes”.

ES CUANTO

ADDENDUM: El gobernador Eduardo Ramírez recorriendo cada región del territorio chiapaneco para resolver de cerca los viejos rezagos y atender las nuevas demandas de la ciudadanía estuvo a punto de sufrir un fatal accidente en el helicóptero que viajaba. Para su fortuna la pericia de los pilotos, evito el percance. Esto sucedió en el municipio de Pantepec.