POLITICA ANIMAL
Angel Yuing Sánchez/Click
“La caballada anda suelta”
En Chiapas ya empezó esa vieja costumbre de correr antes de que suene el disparo.
Todavía no estamos formalmente en la campaña electoral de 2027 y, sin embargo, la política ya anda por calles, plazas, comunidades y auditorios haciendo lo que la política electoral sabe hacer mejor: pedir atención, juntar gente, pronunciar nombres y, en algunos casos, pedir el voto.
El disfraz de esta temporada se llama afiliación partidista.
Morena y el Partido Verde Ecologista de México han desplegado actividades a lo largo y ancho del estado para incorporar ciudadanos a sus filas. Afiliarse a un partido es, por supuesto, un derecho político y una actividad legítima. El problema comienza cuando una actividad partidista deja de ser una jornada de afiliación y se convierte, por sus contenidos, protagonistas y mensajes, en una plataforma anticipada de promoción electoral.
Ahí es donde la frontera entre la política partidista y el proselitismo empieza a hacerse demasiado delgada.
Y no es una frontera imaginaria.
La legislación electoral distingue entre las actividades políticas permitidas y los actos anticipados de precampaña o campaña. La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla como actos anticipados aquellos que contienen llamados expresos al voto o solicitudes de apoyo fuera de los periodos establecidos.
En Chiapas, además, el IEPC tiene facultades para regular y vigilar los actos de naturaleza electoral. Sus propios lineamientos advierten que las actividades políticas deben desarrollarse bajo principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, y que su incumplimiento puede generar sanciones.
Por eso resulta necesario que alguien explique qué está ocurriendo.
Porque si una reunión convocada para afiliar ciudadanos termina convertida en un mitin; si quien encabeza el acto aparece como futuro candidato; si se habla de la elección que viene; si se pide respaldo electoral; si se promueve una candidatura todavía inexistente o se utiliza la estructura partidista para posicionar anticipadamente a determinados personajes, entonces la palabra afiliación podría estar funcionando únicamente como una etiqueta para hacer lo que la ley todavía no permite hacer abiertamente.
Y ahí empieza el problema.
No solamente para Morena.
Tampoco solamente para el Verde.
El problema es para todos.
Porque las reglas electorales pierden sentido cuando quienes deben cumplirlas descubren primero la manera de esquivarlas y después esperan que la autoridad electoral les explique por qué no pueden hacerlo.
La democracia no puede consistir en que los partidos más poderosos tengan la capacidad de probar hasta dónde pueden estirar la cuerda.
Mucho menos cuando enfrente tienen a una ciudadanía que ya viene cargando una enorme desconfianza hacia las instituciones.
En Chiapas hemos visto demasiadas veces cómo la ley electoral termina convertida en una especie de semáforo decorativo: rojo para el ciudadano común, amarillo para el adversario y verde para quien tiene estructura, recursos y capacidad de movilización.
Eso es precisamente lo que debería evitar el árbitro electoral.
No se trata de impedir que los partidos se organicen.
No se trata de impedir que Morena afilie, que el Verde afilie o que cualquier otra fuerza política salga a buscar militantes.
Se trata de que afiliar ciudadanos no se convierta en una coartada para adelantar campañas.
Y si alguien está llamando al voto, que se documente.
Si alguien está promocionando una candidatura, que se investigue.
Si no está ocurriendo nada ilegal, que también se diga.
Porque la autoridad electoral tiene incluso una herramienta para ello: la Oficialía Electoral del IEPC puede dar fe pública de actos y hechos de naturaleza electoral, precisamente para dejar constancia de cuándo, dónde y cómo ocurrieron.
Lo que no puede ocurrir es que todo el mundo vea la caballada correr y solamente el árbitro diga que todavía no ha comenzado la carrera.
La política tiene sus tiempos.
La ley también.
Y cuando los partidos comienzan a caminar sobre el límite de ambos, lo que está en juego no es únicamente una posible infracción administrativa.
Está en juego algo mucho más delicado: la credibilidad de la elección que viene.
Porque si antes de abrirse oficialmente la contienda ya existe la percepción de que algunos pueden adelantarse, promoverse, movilizar estructuras y pedir respaldo electoral bajo distintos nombres, entonces el ciudadano empieza a preguntarse para qué sirven las reglas.
Y cuando una sociedad comienza a pensar que las reglas solamente existen para quienes no tienen poder, la democracia empieza a perder algo más importante que una elección:
pierde autoridad moral.
Por eso la caballada anda suelta.
Y alguien debería recordarles que todavía existe una cerca.
La pregunta es si el árbitro electoral va a vigilarla.
Y, sobre todo, si los partidos van a respetarla.
*Por cierto, yo soy Ángel Yuing Sánchez, y aquí sigo, viendo lo que quiero ver, no lo que quieren que vea. Estamos en línea.
