OPINION
POR: FERNANDO HINTERHOLZER DIESTEL
LOS VERDADEROS ENEMIGOS DE MÉXICO
México se les cae a pedazos y la presidente Claudia Sheinbaum se ha dedicado a pregonar puro odio “populista”. Al Igual que su Mentor, pierde tiempo y hace perder el tiempo a una nación a la que le urgen soluciones. Ahora pretende censurar los contenidos sobre la realidad nacional ante su incapacidad gubernamental y su complicidad criminal con las malignas mafias criminales. Y el manual del populismo del Foro de Sao Paulo lo expresa claramente, ningún tirano soporta la crítica, mucho menos permite “el libre intercambio de ideas que lleva a un pensamiento propio”. Su arrogancia y prepotencia no tolera que alguien desentone en “el coro de halagos” que lo acompañan en sus infumables mañaneras. Sus equipos de propagandistas tratan ansiosamente de encontrar las maneras para callar a los críticos, ya sea a través de la censura abierta o imponiendo condiciones para que “la valentía de alzar la voz salga tan cara que no valga la pena”.
Tal y como suelen hacerlo los regímenes dictatoriales, utilizan el término de “los derechos de las audiencias” para instalar una serie de disposiciones que buscan dejar en manos de sus inquisidores la determinación de cuándo un medio de comunicación o un periodista miente, y a partir de ahí, perseguir a quienes la cuestionan o documentan la corrupción de su gobierno. Desde luego, no le van a llamar Ley Censura. Le llamaran pomposamente “Protección de los Derechos de las Audiencias”. Pero en un país donde el crimen cobra impuestos mediante la extorsión, reclutas jóvenes, despoja propiedades, controla territorios y mueve cantidades industriales de combustible mientras el Estado parece incapaz de detenerlo. Un país con más de 120 mil desaparecidos y decenas de homicidios cada día, pero donde la Presidencia encuentra tiempo para investigar quién critica al gobierno en redes sociales, exhibir periodistas y discutir cómo deben comportarse los medios para “proteger” a sus audiencias.
En estos tiempos, donde el Estado ha perdido el control de aquello que debería controlar mientras intenta manipular aquello que debería ser totalmente libre. Es un tema cotidiano de todos los días, lo escuchamos, lo documentamos y, sin embargo, cada vez nos sorprende menos. Algo cambió en México. Pasó hace relativamente poco y todos podemos sentirlo, aunque todavía no se nombre: la sensación de que el país se ha salido de nuestras manos. De que la destrucción institucional avanza más rápido que la capacidad para entenderlo y cada semana aparece una nueva señal de que aquello que alguna vez habría sido excepcional empieza a formar parte del paisaje cotidiano. Mientras la presidenta estaba ocupada de los medios de comunicación que critican a su gobierno y daban listas con nombres y correos electrónicos: el país padecía con 15 mil 311 víctimas de despojo en unos cuantos meses; innumerables refinerías clandestinas operando a escala industrial; víctimas de extorsión protestando en el desamparo; y Michoacán reforzando la seguridad después de que Estados Unidos retiró a sus inspectores del aguacate, no después de años de reclamos de quienes viven ahí. La 4T no resuelve una crisis antes de entrar en la siguiente. Las acumulan. Y en medio de esa acumulación ocurre algo todavía más grave. “El Estado comienza a renunciar a su razón de ser y, cuando rendir cuentas deja de ser una obligación, desaparece también el costo de no hacerlo”. Lamentablemente, el gobierno morenista ofrece explicaciones “estúpidas” porque ha dejado de preocuparse por su credibilidad. Puede decir una cosa y después la contraria. “Proclamar libertad de expresión mientras ataca periodistas. Presentarse como defensor de las audiencias mientras oculta información de interés público. Decir que no discrimina medios y explicar acto seguido cuáles reciben dinero y cuáles no”. A veces el poder se exhibe solo. Pero la decadencia de una sociedad no puede explicarse solamente por el cinismo de sus gobernantes. Para que exista un político corrupto y cínico tiene que existir también una sociedad dispuesta a tolerarlo.
Las poblaciones en México tienen derecho a saber, que en el principal índice que califica a los gobiernos más efectivos en el mundo (Chandler Good Government Index), México está en el lugar número 77 sobre 133 países, peor que Uzbekistán o Botswana. Y que en algunas de las categorías que evalúa la situación es trágica: el gobierno de México sale en el sitio 112 en “ética” y 120 en “liderazgo”. Tenemos derecho a saber que en México se cometen 33.5 millones de delitos al año que afectan a 23.1 millones de personas. Y que 93.2% de esos ilícitos no se denuncia. Tenemos que saber que 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas; que, de las 20 ciudades con más homicidios por cada 100 mil habitantes, 9 están en México, y que 81% de la población considera los problemas relacionados con corrupción y crimen como los más importantes hoy en México. “Los mexicanos debemos. Tienen debemos saber que México, ocupa la posición 141, sobre 182, en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia International, peor que Irak, Pakistán o Liberia. Y que está en el sitio 121, sobre 143, en el Índice Mundial de Estado de Derecho 2025 del W. J P. Tienen derecho a saber que México ocupa el 1er lugar mundial en la categoría de “mercados criminales” en el Global Organized Crime Index 2025.Tienen derecho a saber que México, su país, apenas ha crecido una tasa promedio de 0.9% anual entre 2019 y 2024.Tiene derecho a saber que es el décimo país receptor de inversión extranjera directa con 41 mil millones de dólares (2025), pero de esa cifra 82% fue reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, y solo 18% fue inversión efectivamente nueva”. Esa es pues la realidad mexicana actual, la cual no quiere Sheinbaum que todos los mexicanos la conozcan. Se trata, entonces, de una cuestión de moral, de decencia: que el gobierno diga la verdad y la pruebe, y que las “audiencias” ejerzan a cabalidad, entonces sí, su derecho a saber. Ellos son los verdaderos enemigos de México.
El gobierno de Sheinbaum se descontrolo hace más de 100 días, cuando el gobierno norteamericano solicito la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa. Comenzó a perderlo desde el secuestro del Mayo Zambada hace dos años, cuando se percibió que, en realidad, las acusaciones apuntaban a López Obrador. Reaccionó construyendo un potente equipo de seguridad que ha trabajado para golpear a líderes y operadores del crimen organizado, pero que se topó con su principal y permanente escollo: la negativa a avanzar contra los políticos y funcionarios cómplices de esas organizaciones criminales.
ES CUANTO
ADDENDUM: el retiro de la visa del junior obradorista Andy”, por parte del gobierno norteamericano, ha provocado múltiples comentarios en pro y en contra (la mayoría) con el “quita visas”, Landau al frente, quien además se pitorreo del imberbe y prepotente vástago del ex tabasqueño. “No pasa nada si les quitan la visa”. Lo dicen porque al gobernador Rocha con licencia se le retiró la visa; lleva 100 días sin regresar y, hasta ahora, ni se le inicia un proceso en México, ni se le extradita, ni vienen por él. Pero no hay que equivocarnos. La justicia norteamericana puede ser paciente. Para muestra, un botón: esperó exactamente 40 años para tener tras las rejas, en su territorio, al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
