OPINION

Por: Fernando Hinterholzer Diestel

DE AMENAZAS TRUMPIANAS Y CENSURA A LA PRENSA

Washington envió un mensaje del presidente Donald Trump, en la que acusa la corrupción del gobierno mexicano y cuestiona directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por no cooperar permitiendo el ingreso de operativos militares contra los cárteles de la droga en territorio mexicano. “México no es amigo de Estados Unidos”. “Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho. La presidenta Sheinbaum, está bajo una fuerte presión del gobierno de Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar los increíblemente violentos cárteles de la droga. La respuesta de la presidente mexicana fue la de siempre, “Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía. Defendemos la soberanía, dicha soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”. Efectivamente nadie excepto Trump.

 “Y en política no hay casualidades y si las hay están muy bien planeadas”, y el mensaje de Trump, de la semana pasada, evidentemente no es ninguna casualidad. Ni el cierre del estrecho de Ormuz, ni su guerra intermitente contra Irán ha resultado políticamente rentable rumbo a las elecciones de noviembre, para el presidente de Estados Unidos, que parece buscar una salida urgente para cerrar su patetica guerra en Medio Oriente, por lo que nuevamente enfocó sus baterías contra México”. Lo que el mandatario norteamericano está anunciando con ese mensaje tan hostil contra el gobierno mexicano. Acaso tendremos otro de sus ataques recurrentes, contra los cárteles mexicanos de la droga y que, a diferencia de la que sostiene contra Iran, ésta si le suma simpatías y puntos a favor en las encuestas de popularidad. A estas alturas y por la forma en que ha venido presionando a México con el tema de seguridad, que mezcló incluso con la negociación del TMEC, todo puede pasar tratándose del gobierno trumpista. Hasta en Palacio Nacional saben bien que el mensaje de Trump en redes sociales es el preámbulo de algo más fuerte y, además de la reacción inmediata de la presidenta y de su respuesta en defensa de la soberanía, anoche ya se había pedido a todas las áreas del gabinete de seguridad federal y a las fuerzas armadas que estuvieran en alerta a lo que pudiera venir esta semana que empieza desde el vecino del norte.

El punto de mayor tensión en la relación bilateral se encuentra en estos momentos en la exigencia trumpista para escalar los operativos contra los capos mexicanos, pero también en las peticiones de detención y extradición que el Departamento de Justicia ha hecho en contra de políticos morenistas como Rocha Moya y otros siete acusados. A eso se suman investigaciones contra otros políticos mexicanos, en su mayoría de Morena, Adán Augusto, Andy López Beltrán, Américo Villareal por el fraude del contrabando de combustibles de Estados Unidos a México, conocido como huachicol fiscal y que se investiga en una corte de Chicago.

Cambiando de tema, no hay democracia sin libertad de expresión. Un régimen en el que los ciudadanos deciden supone ciudadanos informados y, en sociedades plurales, capaces de contrastar puntos de vista. Por eso la libertad de expresión también protege a los receptores de información. Hoy, el gobierno dispone de una capacidad de comunicación sin precedentes. Precisamente por ello debería ser también el primero en someterse al escrutinio que pretende exigir a los demás. Esa obligación tiene lógica. El derecho de las audiencias no depende de quién emite el mensaje, sino del derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad. Estando a su merced, Cómo podemos distinguir la defensa de un derecho de la imposición de la censura. Simplemente, volviendo universal su protección. Y eso se puede lograr de dos maneras. En suma, si vamos a tomar en serio el derecho de las audiencias, debemos proteger a los ciudadanos frente a la desinformación de cualquier tipo. No sólo no puede desaparecer cuando el emisor es el gobierno; es precisamente ahí donde resulta más necesario y donde debería aplicarse con mayor escrúpulo. En un Estado constitucional, los contrapesos no funcionan en un solo sentido. Quien exige rendición de cuentas también debe rendirlas. Quien reclama veracidad también debe someter sus propias afirmaciones al mismo escrutinio. Si el gobierno no está dispuesto a someterse al mismo derecho que pretende imponer a los demás, entonces sí estaremos mucho más cerca de un acto deliberado de control y posible censura que de una verdadera protección de las audiencias. Y eso es algo que, como sociedad, no debemos dejar pasar, pues puede ser la última frontera.

El gobierno de la 4T quiere al periodismo y a los medios de comunicación, de rodillas y callados. Si no pueden siquiera garantizar la protección a los periodistas, pero sí, desaparecerlos para incomodarse menos, ya sea rechazando o abrogando leyes. “En México se tienen documentado 181 asesinatos de periodistas, en posible relación con su trabajo, según la organización Artículo 19. En 2026 han ocurrido 7, Veracruz es el estado con el mayor número de registros históricos a nivel nacional, con 34 periodistas asesinados”. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas permanece impune.

La historia demuestra que muchas restricciones a la libertad han surgido bajo la promesa de proteger a la sociedad. Recordando la universalidad de los derechos: que éstos pertenecen a todas las personas, pero también que nos protegen frente a cualquiera que pueda vulnerarlos, especialmente frente a quienes ejercen el poder público. Hoy, el gobierno dispone de una capacidad de comunicación sin precedentes. Precisamente por ello debería ser también el primero en someterse al escrutinio que pretende exigir a los demás. Esa obligación tiene lógica. El derecho de las audiencias no depende de quién emite el mensaje, sino del derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad. Estando a su merced, cómo podemos distinguir la defensa de un derecho de la imposición de la censura. Insisto: haciendo universal su protección. Y eso puede ser de dos maneras. todo en estos años, porque México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 170 comunicadores asesinados desde el año 2000. No hay democracia sin libertad de expresión. Un régimen en el que los ciudadanos deciden supone ciudadanos informados y, en sociedades plurales, capaces de contrastar puntos de vista. Por eso la libertad de expresión también protege a los receptores de información. Esa es la dimensión social de esa libertad que dio origen a los derechos de las audiencias.

Las decisiones que han sido tomadas por la presidenta Sheinbaum, han sido todas en el sentido equivocado para el futuro del país y, paradójicamente también para Morena. Lo ordenado por López Obrador fue: “permanencia en el poder a cualquier costo, utilizando cualquier medio, legal o ilegal y protección permanente y universal para los integrantes del movimiento”. Sheinbaum ha tenido varias oportunidades para frenar y corregir lo dicho por su “tutor”. Por ejemplo, está abierta la posibilidad de continuar las investigaciones contra los marinos, incluido el secretario Rafael Ojeda, involucrados en el huachicol fiscal o contra Adán Augusto López por su vinculación con “La Barredora” de Hernán Bermúdez. En resumen, el gobierno ha elegido la batalla y el enemigo equivocados. La confrontación con Estados Unidos no solo nos lleva por una ruta peligrosa, también manda un mensaje equivocado al interior de la ‘4T’: que la presidenta y su círculo cercano no reconocen la necesidad de romper con el pasado y que todos, incluyendo a los personajes más cuestionables por su cercanía con los cárteles, son bienvenidos en el movimiento ES CUANTO

ADDENDUM: El exgobernador de Guerrero preso en El Altiplano, donde también se encuentra otro exmandatario estatal, el bajacaliforniano Ernesto Ruffo, no es casualidad. Ambos son de oposición. Un mal pensado podría decir que las detenciones de esos dos septuagenarios –por acusaciones que tendrán que sostenerse con pruebas, aunque ya sabemos lo plegada al poder que están ahora “los jueces del bienestar” en México, en realidad es un intento del oficialismo de obtener algo que pueda usar en la próxima campaña electoral, además de crear una nueva cortina de humo, para lo que se viene de Washington próximamente. Además, que ponen en evidencia, que la justicia no llegara a Rocha Moya por el asesinato del ex rector de la UAS, Cue Merlo. Después del burdo montaje de la Fiscalía de Sinaloa, descubierto por la FGR. No son iguales estos “morenarcos”, son peores.