A FUEGO LENTO
Alberto Ramos García
Cambiar las palabras no cambia la realidad
Hay un viejo dicho popular que advierte que hay quienes “se meten en camisa de once varas”, y terminan generándose problemas innecesarios.
En política esa práctica suele convertirse en una constante, abrir frentes que no sólo no resuelven los problemas de fondo, sino que terminan sembrando más incertidumbre.
Los nuevos lineamientos sobre el llamado “derecho de las audiencias”, actualmente sometidos a consulta pública, es una propuesta, presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde plantea mecanismos para atender la difusión de información falsa, fortalecer el derecho de réplica y establecer nuevas reglas para los medios de comunicación.
El problema no radica en los objetivos, que en principio son legítimos; combatir la desinformación y garantizar derechos son aspiraciones compartidas por cualquier democracia, pero la preocupación aparece cuando desaparecen los contrapesos.
Durante años, estas responsabilidades descansaron en órganos constitucionalmente autónomos como el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI, instituciones que podían ser objeto de críticas, pero cuya naturaleza les otorgaba cierta distancia del poder político.
Hoy, tras su desaparición, esas facultades recaen en una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dependiente del Ejecutivo Federal, esa modificación cambia completamente la percepción pública, porque no hay garantías.
Las preguntas resultan inevitables. ¿Quién determinará qué información es verdadera y cuál es falsa? ¿Con qué metodología? ¿Qué garantías existirán para que las decisiones no respondan a intereses políticos? ¿Quién impondrá sanciones y bajo qué criterios?
Incluso la propia presentación de la propuesta alimentó esas dudas, ya que fue la consejera jurídica de la Presidencia quien explicó los lineamientos, no quienes integran la comisión creada precisamente para esa función.
En democracia, la confianza institucional no se construye únicamente con buenas intenciones; depende de la autonomía de quienes ejercen el poder regulador.
El segundo caso exhibe una contradicción todavía más delicada.
Tras la lamentable muerte de una adolescente durante un curso de verano en una academia militarizada, la reacción oficial fue ordenar el cierre de este tipo de instituciones bajo el argumento de que no cuentan con autorización de la Secretaría de Educación Pública y que la legislación mexicana no contempla esta modalidad educativa.
Si estas escuelas nunca estuvieron reconocidas oficialmente, ¿cómo operaron públicamente durante décadas? ¿Cómo expidieron certificados de primaria, secundaria, bachillerato e incluso estudios superiores? ¿Qué ocurrirá con quienes cursaron ahí toda su formación académica?
Más aún, el propio Catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la Secretaría de Educación Pública incluye decenas de planteles identificados con la denominación de “militarizados” y con claves oficiales asignadas. La contradicción resulta evidente.
Si la SEP afirma que esas instituciones no estaban reguladas, alguien permitió durante años su funcionamiento, y que tuvieron su apogeo en el sexenio anterior.
Si nunca tuvieron reconocimiento, alguien omitió supervisarlas, y si ahora se ordena simplemente cerrar sus puertas, difícilmente puede afirmarse que el problema quedó resuelto.
La muerte de Dafne exige mucho más que clausuras administrativas.
Exige esclarecer responsabilidades, investigar posibles omisiones oficiales y atender los testimonios de presuntos abusos físicos y psicológicos que comienzan a salir a la luz, porque todos esos menores estuvieron bajo el cuidado de instituciones educativas que, independientemente de su figura jurídica, debían garantizar su integridad.
Cerrar una escuela no sustituye la obligación de hacer justicia.
El tercer episodio parece menor, pero refleja una forma de comunicar que comienza a repetirse.
Cuando ocurrió un nuevo incidente en el Tren Maya, desde el Gobierno Federal se afirmó que no había existido un descarrilamiento, sino un “deslizamiento de los rieles”.
Días después, tras el aseguramiento de instalaciones donde se procesaba ilegalmente combustible, la explicación oficial fue que no se trataba de una “refinería clandestina”, sino de un “centro de procesamiento de combustible”.
Las palabras importan. Desde luego que sí.
Pero también importa que el lenguaje no se convierta en una herramienta para suavizar hechos cuya gravedad permanece intacta. Cambiar el nombre de un problema no modifica sus consecuencias.
En política existe una delgada línea entre explicar y maquillar; y los gobiernos de Morena “maquillan” todo lo que no les sale bien.
Al final, las democracias no se fortalecen regulando excesivamente la información, descubriendo tardíamente problemas que durante años estuvieron frente a los ojos de las autoridades o rebautizando los hechos incómodos.
Se fortalecen con instituciones independientes, rendición de cuentas y ciudadanos capaces de distinguir entre los discursos y los resultados.
Entre líneas…
El desgaste del poder, los señalamientos contra gobernadores morenistas, los casos de corrupción desnudados y la urgencia de imponer una narrativa única desde la cúspide han llevado a la 4T al extremo de apostar por la censura y la autocensura en los medios tradicionales.
Amparados en la supuesta intención de defender a las audiencias, en Morena buscan imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos a medios formales, como estaciones de radio y televisión. Sin embargo, en esa cruzada defensora convenientemente han dejado fuera a sus “tontos útiles”: el catálogo de creadores de contenido, youtubers e influencers financiados desde el poder.
Finalmente…
Pudrieron a la Marina.
Pudrieron al INE
Pudrieron al poder Judicial.
Acabaron de podrir a la UNAM
Pudrieron la transparencia y la rendición de cuentas básicas.
Pudren todo lo que tocan porque ellos estan podridos. Del alma y podridamente ricos también.( Luis Pazos)
Nos leemos mañana, Dios mediante , y recuerden que el Partido Movimiento Ciudadano(MC), será el partido con más crecimiento electoralmente hablando . Tiempo al tiempo
