A FUEGO LENTO
Alberto Ramos García
La deuda que ningún gobierno ha querido saldar
El conflicto magisterial ha regresado al centro de la agenda nacional y, como suele ocurrir, el debate corre el riesgo de quedarse en la superficie.
Los bloqueos, los plantones y la afectación a terceros terminan ocupando los encabezados, mientras el origen del problema permanece intacto desde hace casi dos décadas.
La decisión de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de fortalecer la huelga nacional, reorganizar su plantón en la Ciudad de México y mantener movilizaciones en los estados no puede analizarse únicamente desde la óptica del desgaste social que generan sus protestas.
Detrás de cada marcha existe una exigencia concreta, revisar un sistema de pensiones que miles de trabajadores consideran injusto.
El mensaje político quedó claro esta semana.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reanudar negociaciones directas centralizadas en la Secretaría de Gobernación y optó por impulsar el diálogo mediante mesas tripartitas en los estados entre autoridades, dirigencias sindicales y gobiernos locales, la respuesta del magisterio fue endurecer su postura.
La CNTE anunció el fortalecimiento del plantón nacional, un bloqueo en Paseo de la Reforma y nuevas acciones de presión en diversas entidades del país.El pulso está echado.
La Coordinadora considera insuficiente el esquema propuesto por el gobierno federal, pues desde su perspectiva, dispersar las negociaciones en las entidades diluye la responsabilidad política de la Federación y fragmenta demandas que tienen un origen nacional.
El gobierno, por su parte, sostiene que los problemas educativos presentan particularidades regionales que pueden resolverse con mayor eficacia desde lo local, paradójicamente, esta discusión no es nueva.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el diálogo con el magisterio transitó precisamente hacia una mayor centralización política a través de la Secretaría de Gobernación, particularmente durante la crisis derivada de la reforma educativa.
La Segob se convirtió entonces en la gran interlocutora para contener el conflicto; hoy el péndulo parece moverse en sentido contrario, despresurizar la negociación nacional para trasladar el costo político a los estados.
Sin embargo, el verdadero fondo del conflicto está en otro lado.
La CNTE mantiene entre sus principales exigencias la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón que modificó de raíz el régimen pensionario de los trabajadores al servicio del Estado.
Hasta antes de esa reforma, predominaba un esquema solidario de beneficio definido: los trabajadores conocían con relativa certeza el monto de su jubilación con base en sus años de servicio y salario.
La transición hacia cuentas individuales administradas por Afores cambió por completo las reglas del juego, los maestros federalizados fueron de los sectores más afectados.
La nueva legislación elevó progresivamente la edad de retiro, incrementó los años de cotización requeridos y trasladó el riesgo financiero al propio trabajador, cuya pensión futura dependería de los recursos acumulados en su cuenta individual y del comportamiento del mercado financiero.
Para miles de docentes, aquello significó descubrir que después de tres o cuatro décadas frente a grupo podrían jubilarse con ingresos muy inferiores a los proyectados originalmente.
Pero el descontento no se limita al magisterio.
El debate sobre las pensiones alcanza también a trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; aunque Pemex y CFE operan bajo regímenes laborales distintos al ISSSTE y sus condiciones se han definido mediante contratos colectivos y reformas específicas, ambos sectores han enfrentado modificaciones orientadas a elevar edades de retiro, ajustar beneficios y reducir la presión financiera de sus pasivos laborales.
En otras palabras, el reclamo de una vejez digna se ha convertido en una preocupación transversal entre quienes dedicaron su vida al servicio público y a empresas estratégicas del Estado mexicano.
Por eso resulta simplista descalificar las protestas bajo el argumento de que se trata únicamente de privilegios sindicales.
Existe una generación completa de trabajadores que siente que el Estado modificó unilateralmente el contrato social bajo el cual aceptaron salarios modestos a cambio de estabilidad y una jubilación segura.
Desde luego, ello no implica justificar cualquier método de presión.
Los bloqueos sobre Paseo de la Reforma o la toma de oficinas gubernamentales afectan derechos de terceros y erosionan la simpatía ciudadana hacia el movimiento.
La CNTE tiene razón en varias de sus demandas, pero también debe reconocer que los costos sociales de sus movilizaciones generan desgaste y polarización.
En Chiapas, el conflicto adquirió su propia dimensión, pues mientras en la capital del país se reorganizaba el plantón nacional, integrantes del magisterio tomaban oficinas educativas y la Torre Chiapas, enviando un mensaje inequívoco, las decisiones que se adopten en la Ciudad de México tendrán repercusiones inmediatas en los estados.
Y es precisamente ahí donde aparece el dilema político para el nuevo gobierno federal.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una disyuntiva compleja.
Derogar completamente la Ley del ISSSTE representaría un enorme desafío financiero para las finanzas públicas, mantener intacto el sistema actual significa prolongar el malestar de cientos de miles de trabajadores que consideran traicionadas las expectativas construidas durante toda una vida laboral.
Ningún gobierno ha querido asumir el costo total de resolver este problema.
Felipe Calderón impulsó la reforma. Enrique Peña Nieto administró el conflicto mediante la centralización del diálogo. Andrés Manuel López Obrador prometió revisar el sistema, pero no modificó de fondo el régimen pensionario.
Ahora corresponde a Claudia Sheinbaum decidir si administra el descontento o si abre la discusión de una reforma integral que garantice sostenibilidad financiera sin condenar a la incertidumbre a quienes sostuvieron durante décadas al aparato público.
Porque cuando termine la huelga, cuando se retiren las casas de campaña y desaparezcan los bloqueos, la pregunta seguirá vigente.
¿Qué país le ofrece una jubilación incierta a quienes enseñaron en sus escuelas, generaron energía eléctrica o trabajaron en la industria petrolera durante treinta o cuarenta años?
La deuda con los jubilados ya no es sólo financiera, es política, y sobre todo, moral.
Entre líneas…
Mientras tanto el Poder Legislativo a través del presidente de la junta de coordinación política, Mario Guillén Guillén, hizo un llamado al sector magisterial: “ aquí en el congreso del estado estamos con las puertas abiertas para ser intermediarios…”
Sin embargo, el diputado refirió que en estos momentos las negociaciones están en las manos del magisterio.
Entre líneas …
Pues que 124 alcaldes (antes decía que 75) ya le hicieron saber que quieren repetir; es decir, cuatro de cada diez presidentes municipales ya están mirando el espejo y preguntándose si el pueblo los ama lo suficiente para aguantar otros tres años.
Y no es cualquier elección, pues será la última ocasión en que la reelección municipal esté disponible antes de que la reforma constitucional la mande al museo de las curiosidades democráticas. En otras palabras, es la última llamada para quienes quieren quedarse un rato más en la oficina.
Por eso resulta curioso que algunos alcaldes apenas llevan año y medio gobernando y ya están más ocupados pensando en cómo quedarse, que en explicar cómo van las promesas con las que llegaron.
Finalmente…
CHIAPAS SOLO TIENE 24 ALCALDESAS DE 124 MUNICIPIOS
Nos leemos mañana , Dios mediante , y recuerden que los “Dioses del Olimpo”, ya escogieron al candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Tiempo al tiempo
