EN RESUMEN
Pascual Enrique Cruz Galdámes
*La iniciativa de paridad de género para ayuntamientos en Chiapas
*Una cosa es la creación de la norma y otra muy distinta su ejecución
Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república, la participación de las mujeres en la arena política del país ha cobrado una prioridad sin precedentes. Como la primera mujer en la historia, su administración ha trazado una agenda que consolida la paridad de género en la conformación de su gabinete y en los más altos espacios de toma de decisiones, además de constituirse en un factor que fomenta activamente el surgimiento de nuevos liderazgos femeninos a nivel federal y en los estados, marcando un cambio de paradigma definitivo en la vida pública de México.
De acuerdo a expertos del derecho electoral y el derecho constitucional mexicano, la reciente iniciativa de ley enviada por el gobernador Eduardo Ramírez al Congreso local representa un paso fundamental hacia la consolidación de la democracia representativa y participativa en la entidad. Legislar para garantizar la paridad de género en la postulación y ocupación del cargo de presidentas municipales será, a partir de su aprobación, un mandato constitucional que en la práctica solventará una deuda histórica de justicia social y política a favor de este sector social, pues los beneficios de la propuesta son contundentes, ya que se trata de cumplir con una cuota numérica y a la vez transitar hacia una paridad sustantiva.
Sin embargo, hay que estar concientes que, históricamente, la creación de la norma es distinta a su ejecución y podrían aparecer resquicios para relegar las candidaturas femeninas a municipios con nulas posibilidades de triunfo o de baja rentabilidad electoral, por lo que se requiere de una legislación que obligue a romper esa inercia, garantizando que las mujeres compitan y gobiernen en los ayuntamientos de mayor peso político y poblacional.
Resulta imperativo reconocer la voluntad política del mandatario estatal, toda vez que al remitir esta iniciativa cumple con su facultad de iniciar leyes y traza una ruta clara hacia la equidad, demostrando una buena intención que busca fortalecer nuestra democracia, pero tampoco nos podemos engañar, toda vez que el diseño legislativo puede tener un espíritu impecable pero si en el camino esta ley llega a ser mal utilizada como un instrumento de simulación por parte de cúpulas partidistas o cacicazgos locales, esa responsabilidad no recaería en el Ejecutivo. Si presenciamos intentos de defraudar la ley, como la imposición de figuras de ornato (las juanitas) o la coacción política, la responsabilidad será estrictamente de los operadores políticos que intenten corromperla, no de quien la impulsó.
Es una realidad, para que esta buena intención prospere se requiere una corresponsabilidad absoluta de todas las instituciones; desde el Congreso del Estado, las y los legisladores tienen el deber de dictaminar y blindar la ley sin dejar lagunas y no salir con esas jaladas de “la estamos trabajando”; el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), como organismo operador deberá vigilar con lupa el cumplimiento; los partidos políticos están obligados a abandonar las viejas prácticas patriarcales, mientras que los tribunales electorales deberán estar listos para juzgar cualquier atropello con perspectiva de género.
Si todos los actores hacen bien su trabajo, esta ley será un triunfo y un avance con civilidad que quedará escrito en la historia política de Chiapas y de México. Los cimientos ya los puso el gobernador Eduardo Ramírez, ahora corresponde a las instituciones construir sobre ellos sin desviar el propósito original.
Servidos. Nos leemos en el próximo En Resumen…
