Persisten abusos de empresas de grúas presuntamente coludidas con policías

Ramón García /CP 

Automovilistas desprotegidos al ser víctimas de las empresas de grúas que abusan en sus cobros, son cantidades exorbitantes que incluso superan en muchos casos el valor del vehículo, además de las sanciones correspondientes que impone de Transito del Estado, Vialidad Municipal o la misma Guardia Nacional, estos sujetos amparados en supuesto proteccionismo oficial cobran rubros que nadie sabe si los hicieron e incluso no respetan tarifas de arrastre, estadías en el corralón e incluyen otros conceptos.

De poco valen los argumentos de los automovilistas contra las empresas de grúas, ni la SICT ni Movilidad y Transporte parecen estar enterados de las irregularidades, las denuncias que las victimas hacen no llegan a la Fiscalía Anticorrupción ni a las instituciones policiacas cuyos agentes señalan podrían tener injerencia con los grueros.

La reciente denuncia hecha a medios de comunicación por el abogado litigante Guillermo González Cinco vuelve el tema al escenario mismo que ha sido constante por parte de organizaciones de transportistas, el llamado es a que las autoridades estatales intervengan y asuman el papel para que las reglas que ya existen se apliquen y se eviten los reiterativos abusos contra los automovilistas.

Lamentó que ante un siniestro, autoridades omitan informar a los automovilistas lo que implica el uso de una grúa y generalmente además de los daños, las sanciones los conductores o dueños de los carros enfrentan con las empresas de grúas conceptos de pago como banderazo, arrastre, maniobras, custodia y encierro que no son de acuerdo a las tarifas existentes sino que hay simulación en esos servicios, uso de supuestas grúas especializadas que al sumarse pretenden obligar al pago de entre 35 mil a 50 mil pesos.

Reiteró el caso de la empresa Agrohumus 21, un vehículo que fue levantado por instrucciones de la Policía Municipal y que la grúa lo traslado al corralón para aplicar el pago por sus servicios, en la investigación funcionarios municipales negaron haber instruido esa orden, por lo que la unidad fue remolcada sin justificación, señala que esta situación ha provocado un daño económico para la empresa ya supera los 200 mil Pesos.

El abogado también hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que ejerza sus facultades de vigilancia, y revise el funcionamiento de las empresas dedicadas al arrastre y resguardo de vehículos.