En Huixtla la comunidad estudiantil de una preparatoria le exige a directora cuentas claras
Ramón García /CP
Desde su ingreso como directora de la preparatoria estatal Alberto C Culebro, Ninfa Sosa Merchant recibió un cheque de caja, un aviso bancario y un documento firmado por ambas partes con la totalidad de los recursos que en ese momento existían en la cuenta oficial de la institución a la fecha docentes y padres de familia afirman que nadie sabe en que se utilizaron los recursos.
Los padres de familia informaron de que cuentan con copia de un cheque de caja, del comprobante bancario de la operación y del documento de entrega mediante los cuales quedó registrado que 251 mil 328 pesos con 50 centavos, correspondientes al saldo de la cuenta institucional mismos que fueron retirados mediante un cheque de caja expedido a nombre de la directora Ninfa Sosa Merchant.
La operación quedó respaldada además mediante una carta manuscrita fechada ese mismo día en Tapachula, donde se hace constar la cancelación de la cuenta bancaria, la expedición del cheque “por concepto de traspaso ” y la entrega de un año de estados de cuenta, documento firmado por el director saliente con entrega y por Ninfa Sosa Merchant quien recibió.
La inconformidad actual de docentes, personal administrativo y padres de familia, a menos de un año de aquella operación es que no se ha dado un informe público que detalle el destino de esos 251 mil pesos, no hubo obras porque situaciones urgentes como los baños siguen deteriorados.
A eso se suma que las familias que se sostienen con los locales que anteriormente formaban parte de la cooperativa escolar y que fueron despedidos porque actualmente esos espacios son rentados a particulares y que los pagos presuntamente se realizan a una cuenta personal de la directora, sin que exista información financiera presentada a la comunidad educativa.
Señalan además que hay acoso escolar y laboral generándose un ambiente de hostigamiento contra quienes cuestionan el manejo administrativo, así como la creciente opacidad en torno a los ingresos y egresos de recursos a la institución.
Con la documentación en su poder, docentes y padres de familia exigen que las autoridades educativas y los órganos de fiscalización practiquen una auditoría integral para esclarecer el destino de los recursos administrados por la dirección del plantel y determinar si el manejo del dinero público se realizó conforme a la normatividad aplicable.
