A FUEGO LENTO
Alberto Ramos García
El poder revela, la crítica incomoda
Hay una frase que suele repetirse cada vez que alguien cambia de actitud al llegar a un cargo público: “El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes son en realidad”, y quizá pocas expresiones describen mejor lo que ocurre cuando un servidor público decide utilizar los mecanismos institucionales para intentar silenciar la crítica.
La libertad de expresión no fue concebida para proteger los discursos cómodos, los aplausos o los boletines oficiales, su verdadera razón de ser aparece cuando una opinión incomoda, cuando una investigación exhibe errores o cuando una nota periodística cuestiona el ejercicio del poder.
En toda democracia madura, el periodismo cumple precisamente esa función, la de vigilar, preguntar y, cuando es necesario, incomodar; quien decide participar en la vida pública acepta también someterse al juicio permanente de la sociedad.
Por eso resulta preocupante observar cómo, bajo el argumento de proteger derechos legítimos, algunas figuras públicas intentan convertir los mecanismos legales en herramientas de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, el marco jurídico mexicano ha sido claro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, mediante criterios obligatorios, que quienes desempeñan cargos públicos cuentan con un umbral de protección menor respecto de su honor frente al interés público, la razón es sencilla, fueron ellos quienes decidieron colocarse voluntariamente bajo el escrutinio ciudadano.
La Primera Sala ha reiterado, entre otros asuntos, en los amparos en revisión 2044/2008 y 673/2024, que la crítica severa, mordaz, incómoda e incluso satírica hacia funcionarios públicos forma parte del debate democrático y merece la más amplia protección constitucional.
No es un privilegio para los periodistas, es una garantía para los ciudadanos, porque cuando se limita la posibilidad de cuestionar al poder, quienes realmente pierden no son los comunicadores, sino la sociedad que deja de recibir información.
En Chiapas existe un caso que ilustra con claridad los riesgos de judicializar el ejercicio periodístico.
De acuerdo con registros públicos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, una diputada promovió una denuncia por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en contra de dos periodistas de amplia trayectoria.
El planteamiento resultaba, por decir lo menos, llamativo; se señalaba a un conductor de noticias por una supuesta emisión radiofónica que, simplemente, no pudo haber encabezado, pues ese día se encontraba fuera del programa debido al fallecimiento de un familiar, al que acompañaba en su último adiós.
El segundo señalamiento era igualmente cuestionable: se atribuía a otro periodista una nota que nunca escribió y que jamás fue difundida.
Los cierto: Los hechos terminaron imponiéndose y la denuncia no prosperó, y quizá ahí se encuentra la mejor enseñanza del caso.
Los periodistas pudieron responder con una acción legal por las acusaciones falsas, tenían elementos para hacerlo, sin embargo, optaron por no prolongar un conflicto que ya había quedado exhibido por los propios hechos; prefirieron seguir haciendo periodismo antes que convertir los tribunales en un escenario de revancha.
Mientras algunos utilizan las instituciones para intentar acallar voces críticas, otros eligen responder con trabajo, información y paciencia.
Porque al final, la verdad suele tener una ventaja sobre cualquier intento de censura: no necesita fabricar pruebas.
La utilización indiscriminada de figuras jurídicas diseñadas para proteger derechos fundamentales puede terminar debilitándolas.
Instrumentos tan importantes como la protección frente a la violencia política de género no deben trivializarse ni convertirse en recursos para perseguir el disenso o castigar la crítica periodística; hacerlo no fortalece los derechos de las mujeres, por el contrario, puede restar credibilidad a mecanismos creados para atender casos verdaderamente graves.
La democracia necesita funcionarios con piel menos sensible y mayor disposición para rendir cuentas.
Pero, sobre todo, necesita que nadie confunda la crítica con violencia ni el cuestionamiento con persecución, porque el poder es pasajero.
La libertad de expresión, en cambio, es uno de los pilares que sostienen a una sociedad libre, y cuando alguien intenta apagar esa voz, termina revelando mucho más de sí mismo que de aquellos a quienes pretende silenciar.
Finalmente
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) documentó la grave crisis del sistema de salud en Chiapas, que puso en riesgo la vida de ocho enfermeras quienes decidieron evidenciar la situación que trató de ocultar el entonces secretario de Salud, Francisco Farrera del gobierno de Manuel Velasco Coello: falta de medicamentos, insumos médicos, de laboratorio, vacunas, material de curación, instrumental, equipo médico y su mantenimiento; la carencia en brindar un servicio digno a la población; la afectación a sus derechos laborales, pago de prestaciones; así como denunciar la corrupción y desvió de recursos de la Secretaría de Salud de la entidad, presidida por el Dr. Francisco Ortega Farrera responsable directo de la mala administración.
Sin embargo , ahora ha sido reclinado por el nuevo secretario de Salud , Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, como su Súper Asesor …¿Imagínense nada más , que redomado pillo ?
Nos leemos mañana, Dios mediante , y recuerden : Drenaje profundo, una obra necesaria
Es urgente que las autoridades tomen en serio la incorporación de drenaje de calidad y que consideren que será el legado de las próximas generaciones
