A FUEGO LENTO

Alberto Ramos García

“Agarró al toro por los cuernos”

En política y en procuración de justicia hay momentos que definen a los funcionarios, instantes donde el discurso queda atrás y solamente cuentan los hechos.

Eso ocurrió el día de ayer con el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien decidió enfrentar de manera frontal uno de los temas más delicados para cualquier institución de seguridad: la tortura cometida por servidores públicos.

El caso estalló luego de la difusión de un video en redes sociales donde presuntamente aparecen elementos policiacos y funcionarios ministeriales cometiendo actos contrarios a derecho contra un detenido.

La reacción pudo haber sido la de siempre, minimizar, negar, ocultar o patear el asunto para después, pero ocurrió lo contrario.

Llaven Abarca salió públicamente, confirmó la autenticidad de los hechos investigados y anunció la detención de diez personas, entre ellas un subdirector, ministerios públicos, un secretario y elementos policiales.

No hubo rodeos ni discursos adornados; la frase fue contundente: “quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”.

En tiempos donde la ciudadanía exige instituciones más transparentes y menos tolerantes con los abusos de autoridad, el mensaje político y jurídico tiene relevancia. Porque el golpe no fue contra adversarios externos, sino contra integrantes de la propia estructura de procuración de justicia.

La decisión también busca fortalecer la narrativa de “Cero Impunidad” impulsada por la Fiscalía estatal, estrategia que el propio fiscal ha defendido desde el inicio de la actual administración.

En distintas intervenciones públicas, Llaven ha sostenido que ningún servidor público debe estar por encima de la ley y que el combate a la corrupción y a los abusos debe iniciar desde casa.

En Chiapas, históricamente las corporaciones de seguridad han enfrentado severos cuestionamientos por excesos y violaciones a derechos humanos. Por ello, el hecho de actuar inmediatamente contra funcionarios involucrados busca enviar una señal de ruptura con prácticas del pasado.

No es menor tampoco que el fiscal haya ordenado la integración inmediata de una carpeta de investigación y que las detenciones se realizaran apenas horas después de hacerse público el material.

De acuerdo con reportes periodísticos, las investigaciones continúan para determinar si existen más responsables involucrados en los hechos ocurridos durante un operativo efectuado en marzo pasado en Tuxtla Gutiérrez.

En el terreno político, Llaven Abarca logró algo importante, mandar el mensaje de que no protegerá a quienes manchen a la institución.

El fiscal entendió que el mayor riesgo no era exhibir a los responsables, sino guardar silencio, por eso decidió agarrar al toro por los cuernos.

Entre líneas…

El caso de Candelaria Domínguez, conocida como “Candita”, ha generado indignación y preocupación entre habitantes del municipio de El Parral, luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia sobre la presunta agresión brutal que sufrió a manos de un supuesto familiar cercano a la presidenta municipal, Elvira Castañeda Maza.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, la situación evidenció el descontento social que persiste en el municipio por presuntas irregularidades en la administración pública y la falta de atención a sectores vulnerables. Habitantes señalaron que desde la primera administración de la alcaldesa han existido reclamos relacionados con presuntos actos de corrupción, obras inconclusas, problemas de infraestructura y deficiencias en servicios básicos.

Entre las principales inconformidades mencionadas por ciudadanos se encuentran los constantes cortes de energía eléctrica, la falta de desazolve en algunas zonas, retrasos en pagos a trabajadores y la supuesta falta de apoyo a familias de escasos recursos.

El caso de “Candita” tomó mayor relevancia debido a su situación familiar. Según la denuncia pública, la mujer enfrenta esta situación tras la muerte reciente de su madre y de su esposo, quedando al cuidado de tres menores de edad, todos menores de cinco años.

Familiares y habitantes señalaron que fueron vecinos y personas solidarias quienes brindaron apoyo para la atención y alimentación de los niños, así como para gestionar la atención médica de la víctima. También denunciaron presuntas deficiencias en la clínica del IMSS ubicada en El Parral, donde aseguran existe falta de médicos, medicamentos y traslados oportunos hacia hospitales de mayor capacidad en Tuxtla Gutiérrez.

El caso continúa generando reacciones en redes sociales, donde ciudadanos han exigido a las autoridades municipales y estatales investigar los hechos y garantizar atención médica, protección y justicia para la víctima y su familia.

Finalmente…

A Fuego Lento.

Por: Alberto Ramos García.

“Agarró al toro por los cuernos”

En política y en procuración de justicia hay momentos que definen a los funcionarios, instantes donde el discurso queda atrás y solamente cuentan los hechos.

Eso ocurrió el día de ayer con el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien decidió enfrentar de manera frontal uno de los temas más delicados para cualquier institución de seguridad: la tortura cometida por servidores públicos.

El caso estalló luego de la difusión de un video en redes sociales donde presuntamente aparecen elementos policiacos y funcionarios ministeriales cometiendo actos contrarios a derecho contra un detenido.

La reacción pudo haber sido la de siempre, minimizar, negar, ocultar o patear el asunto para después, pero ocurrió lo contrario.

Llaven Abarca salió públicamente, confirmó la autenticidad de los hechos investigados y anunció la detención de diez personas, entre ellas un subdirector, ministerios públicos, un secretario y elementos policiales.

No hubo rodeos ni discursos adornados; la frase fue contundente: “quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”.

En tiempos donde la ciudadanía exige instituciones más transparentes y menos tolerantes con los abusos de autoridad, el mensaje político y jurídico tiene relevancia. Porque el golpe no fue contra adversarios externos, sino contra integrantes de la propia estructura de procuración de justicia.

La decisión también busca fortalecer la narrativa de “Cero Impunidad” impulsada por la Fiscalía estatal, estrategia que el propio fiscal ha defendido desde el inicio de la actual administración.

En distintas intervenciones públicas, Llaven ha sostenido que ningún servidor público debe estar por encima de la ley y que el combate a la corrupción y a los abusos debe iniciar desde casa.

En Chiapas, históricamente las corporaciones de seguridad han enfrentado severos cuestionamientos por excesos y violaciones a derechos humanos. Por ello, el hecho de actuar inmediatamente contra funcionarios involucrados busca enviar una señal de ruptura con prácticas del pasado.

No es menor tampoco que el fiscal haya ordenado la integración inmediata de una carpeta de investigación y que las detenciones se realizaran apenas horas después de hacerse público el material.

De acuerdo con reportes periodísticos, las investigaciones continúan para determinar si existen más responsables involucrados en los hechos ocurridos durante un operativo efectuado en marzo pasado en Tuxtla Gutiérrez.

En el terreno político, Llaven Abarca logró algo importante, mandar el mensaje de que no protegerá a quienes manchen a la institución.

El fiscal entendió que el mayor riesgo no era exhibir a los responsables, sino guardar silencio, por eso decidió agarrar al toro por los cuernos.

Entre líneas…

El caso de Candelaria Domínguez, conocida como “Candita”, ha generado indignación y preocupación entre habitantes del municipio de El Parral, luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia sobre la presunta agresión brutal que sufrió a manos de un supuesto familiar cercano a la presidenta municipal, Elvira Castañeda Maza.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, la situación evidenció el descontento social que persiste en el municipio por presuntas irregularidades en la administración pública y la falta de atención a sectores vulnerables. Habitantes señalaron que desde la primera administración de la alcaldesa han existido reclamos relacionados con presuntos actos de corrupción, obras inconclusas, problemas de infraestructura y deficiencias en servicios básicos.

Entre las principales inconformidades mencionadas por ciudadanos se encuentran los constantes cortes de energía eléctrica, la falta de desazolve en algunas zonas, retrasos en pagos a trabajadores y la supuesta falta de apoyo a familias de escasos recursos.

Finalmente…

Las autoridades de los diversos niveles de gobierno de Chiapas no ha enfrentado la realidad que hay varios presidentes municipales de la administración pasada involucrados en el crimen organizado

Nos leemos mañana, Dios mediante, y recuerden: La “Reforma de la Reforma” sólo va a remendar lo que los legisladores aprobaron y que ahora aplauden como focas