Acá entre nos
Alejandro Moguel
Preocupa la violencia política
Es totalmente reprobable la agresión física en contra de cualquier candidato a algún puesto de elección popular. Salvo alguna excepción perdida por ahí, quienes participan en los procesos democráticos han optado por entrar a un juego con reglas civilizadas, las cuales han ido evolucionando y perfeccionándose a lo largo de más de dos mil años.
Viene a cuento por la agresión sufrida por el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco. Indígenas tzotziles de la comunidad Los Llanos de esa localidad de los Altos de Chiapas lo humillaron, lo amarraron y le colocaron una soga al cuello en un claro amago de intentar ahorcarlo. La cosa no pasó a mayores porque era claramente un intento por amedrentar al político, nada más. Sin embargo, eso no debió suceder porque los agresores están cometiendo uno o varios delitos y, en principio debieran ser castigados.
Los agresores argumentaron que eso era como un castigo al político mencionado por haber incumplido promesas de campaña que él hizo cuando estaba buscando el voto ciudadano para que fuera diputado local en 2018, cargo al cual solicitó licencia para ir a buscar la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas en cuya campaña se encuentra ahora. Los nativos pidieron 300 mil pesos en efectivo para liberarlo, lo cual ocurrió varias horas después del acto de privación ilegal de la libertad.
Juan Salvador es hijo del extinto Manuel Camacho Solís quien ocupó cargos de alto nivel durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari e incluso estuvo en la antesala de ser candidato a la presidencia de México, un propósito que no pudo lograr, pero sí fue coordinador del Diálogo para la Paz establecido entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.
El actual aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas es también primo del ex Gobernador de Chiapas y actual senador de la República, Manuel Velasco Coello.
REALIDAD INNEGABLE
Es cierto. Hay una realidad que nadie podrá negar: hay en todo el país muchos políticos mentirosos a quienes se les hace muy fácil prometer, prometer y prometer, con tal de ganarse la simpatía de los electores y cuando ganan y se sientan en las respectivas sillas del poder político o administrativo se olvidan de aquellas promesas, pero eso no es justificación para que sean agredidos de esa manera. Para eso está la posibilidad de votar en las urnas cuando hay elecciones constitucionales. Durante mucho tiempo los ciudadanos no tenían de otra que aguantarse el coraje y la humillación del engaño constante. Había poderes fácticos que dominaban poderosa e irremediablemente sobre ellos. Las mentiras se repetían constantemente sin que existiera una posibilidad de remediar el problema. Votar el seis de junio es la solución, en este caso. Solidaridad a Juan Salvador y a favor de todos aquellos que sufran ese tipo de violencia.
En una actitud políticamente correcta, Juan Salvador Camacho respondió en su cuenta de Facebook: “Nuestras comunidades de San Cristóbal (sic) guardan un malestar producto de años de indiferencia de parte de las autoridades, que históricamente las han visto como botines electorales. Conciliamos, dialogamos, salimos avante y estamos más fuertes que nunca. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de mí y mi equipo. Vamos a ganar, porque representamos la auténtica transformación de San Cristóbal”.
REFERENCIA HISTÓRICA
En ese contexto han nacido, evolucionado y perfeccionado las reglas democráticas. Una de ellas es fundamental para el funcionamiento de la democracia y de las instituciones de cualquier país: las elecciones constitucionales que se realizan cada tres y cada seis años. El otro elemento democrático, que es relativamente nuevo, es la posibilidad de reelección entre alcaldes, legisladores y presidentes municipales.
A través de esos mecanismos, los ciudadanos tienen la facultad de permitir el triunfo de un gobernante local o de sus representantes populares. Es innecesario hacer reclamos con hechos violentos que atenten contra la integridad física de los ciudadanos participantes en un proceso democrático.
CASO CABEZA DE VACA
En tan solo unas horas se soltaron los demonios en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
No voy a entrar en detalles para no confundir a los lectores, pero el citado mandatario fue sometido a un proceso de desafuero en el Legislativo Federal cuyos morenistas y sus aliados hacen mayoría. Por eso le quitaron el fuero. Cabeza de Vaca se defendió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un ministro consideró que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde al Congreso local. Sin embargo y días después, un juez giró una orden de aprehensión contra el citado mandatario por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La orden fue emitida por el juez de control Iván Aarón Zeferín, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México. Casi en forma simultánea, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que había ordenado la congelación de las cuentas bancarias de doce personas físicas y 25 jurídicas ligadas al gobernador tamaulipeco.
La Corte, el máximo órgano de justicia en el país, dijo que el Congreso del Estado tiene la última facultad para quitarle al fuero al mandatario, por tanto, se entiende que Cabeza de Vaca conserva su fuero, esa aura invisible que protege al político de cualquier actuación judicial en su contra. Es decir, ninguna corporación policíaca puede detenerlo. A pesar de eso, el juez a giró orden de aprehensión en su contra y se sobre entiende que podría ser detenido en cualquier momento. Los abogados constitucionalistas aseguran que, de suceder, eso violaría la Constitución General de la República. El reconocido jurista Ignacio Morales Lechuga dijo que sobre ese particular –si conserva fuero constitucional o no- la Suprema Corte tiene la última palabra y que, en caso que sea detenido, quienes estarían cometiendo un delito serán el juez de control que haya emitido la orden de aprehensión y del Ministerio Público que la haya solicitado y ejecutado. Pero, por otra parte, hay muchas evidencias que hablan de que el multicitado gobernador se ha enriquecido en forma ilícita y que ha cometido muchos actos que lo vinculan con el crimen organizado. No estamos los periodistas para defender al citado mandatario. Lo que sí podemos hacer es defender la Constitución y las Leyes. Ahí está centrada la discusión. Un juez jamás podrá estar por encima de la Corte.
Email: alexmoguels@hotmail.com
